Michael R. Krätke

Desde hace una semana, se ha declarado la situación de urgencia: los griegos han solicitado oficialmente la ayuda financiera que se les había prometido a fines de marzo. Caso de extrema necesidad. Se pide a la Unión Europea y al FMI que liberen lo antes posible los medios precisados. No queda mucho tiempo: a mediados de mayo caen los próximos vencimientos crediticios mil millonarios: no subvenir a ellos significa la quiebra del Estado. Los mercados financieros –a la cabeza, los fondos hedge que especulan contra el euro— no sueltan a la presa. Exigiendo intereses usurarios, hacen que las deudas del Estado griego no puedan refinanciarse en medio de la crisis económica.

En tal situación, la soberanía de los griegos ya no vale un higo. Antes de poner por obra la ayuda prometida, se les exigen ulteriores programas de ahorro dictados por el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI. Llueven, además, prescripciones y propuestas, a cuál más inclemente y desinformada. Los mandamases de los partidos en Berlín tienen sus esperanzas puestas en los comisarios del ahorro del FMI que, gracias a la Canciller de Hierro, se sientan ya en la mesa decisoria. Ni que decir tiene que a los economistas del FMI, a diferencia de los políticos de la coalición nigrogualda [el color de la democracia cristiana alemana es el negro; el de los liberales alemanes, el amarillo; T.], hace mucho que cayeron en la cuenta de que un curso de extrema austeridad exigido a Grecia desde el exterior sólo puede terminar en una grave depresión económica y en un desjarretamiento social no menos grave.

La ironía de la historia

En la reunión de ministros de finanzas del G20 que tuvo lugar el fin de semana pasado, la eurocrisis vino a servir muy oportunamente de distracción. Todo lo demás –los acuciantes problemas de la economía mundial, sumida en una recesión que, ni por mucho, está en trance de superación— quedó en vía secundaria muerta. Grecia como la nueva figura simbólica del enfermo de la economía mundial: ¡menudo bocado para los norteamericanos! Una crisis que trae su origen en eurolandia y en la que la Unión Europea se ve obligada a pedir auxilio al FMI: ¡menudo aguinaldo para los lobistas de los mercados financieros! Los culpables no son los bancos frenéticamente entregdosa la especulación: ¡son los despilfarradores Estados sociales de corte europeo! La imagen neoliberal del mundo vuelve a cuadrar.

Los honorables que se reúnen en el G8 y en el G20, en el FMI y en el Banco Mundial, podrían haberse dedicado a estudiar asuntos de harto mayor enjundia que el de la pequeña Grecia. Nada acordaron. Ni en lo tocante a la planeada fiscalidad bancaria, ni en materia impuestos al mercado financiero, ni en lo atinente a la regulación del sector financiero: en nada de eso se ha avanzado un solo paso. Nada, sino nebulosas declaraciones. En el fondo del escenario, casi sin ruido, se lavó, como de paso, la crisis financiera del Banco Mundial. Se trataba aquí de sumas mucho más elevadas que en el caso de Grecia. La crisis de caja de este organismo se resolvió con 300 mil millones de dólares. El FMI pudo aplazar su reforma financiera pendiente, traspasando las urgencias al Banco Mundial: con especiales agradecimientos al gobierno federal alemán. Cundió la autosatisfacción en Washington: se ha metido a los europeos en vereda, encauzarlos por la buena senda del ahorro y el saneamiento.

Oficialmente, la ayuda a Grecia tiene que ver con el mantenimiento de un euro estable. Lo que sólo puede lograrse, si se bloquea la especulación internacional contra los distintos países de la eurozona. Una quiebra del Estado griego, una expulsión de los griegos de eurolandia, darían precisamente la señal equivocada. Entonces, inexorablemente, Portugal, España e Irlanda serían los siguientes. Si los europaíses se comprometieran a un préstamo común, podrían desde luego plantar cara a los mercados.

¿A quién beneficia una quiebra pública griega? Si los títulos de deuda griegos se deprecian pasivamente, los afectados serán principalmente los bancos alemanes y franceses. Sólo el banco alemán Hypo Real Estate (HRE), entretanto estatalizado, es tenedor por valor de diez mil millones de euros. Si ese dinero se evapora, Alemania se enfrentará a la siguiente crisis bancaria. El gobierno de Sarkozy están todavía más empantanado, pues los bancos franceses son tenedores de títulos griegos por valor de más de 77 mil millones de euros. La alternativa a la suspensión de pagos del estado griego sería una acción conjunta de refinanciación por parte de los europaíses, es decir, una renuncia parcial de los bancos europeos a sus exigencias como acreedores de Grecia. Oficialmente, eso está descartado para la Canciller Merkel, aunque sólo sea porque es lo que exigen con los partidos de la oposición.

Eso significaría derivar parte de los costes de la crisis de deuda a quienes se han beneficiado de ella, y no a los griegos o a la propia población.

Y ahora viene la ironía de la historia: el gobierno federal alemán ha otorgado al FMI un papel clave en un juego maligno. Las autoridades del FMI deberían resistirse, aun cuando los griegos llegaran a poner por obra los más sombríos planes de ahorro. Pues, con las vigentes reglas de juego, el FMI no puede dar créditos a ningún solicitante que no pueda ya seguir devolviendo y sirviendo los intereses de sus deudas a largo plazo, es decir, a ningún solicitante que, de hecho, esté ya en quiebra. Con los 15 mil millones de euros ahora prometidos Grecia habría ya agotado su cuota de crédito con el FMI. Una última gota vertida sobre piedra incandescente.

Reformar o abdicar

Raro, pero probable: la participación del FMI en la ayuda de emergencia a Grecia mejora visiblemente las perspectivas de refinanciación. Y tendría la gran ventaja de que serían los bancos y otros acreedores del estado los que correrían con la sangría, y no el sufrido y habitual contribuyente. Como muy tarde el 19 de mayo próximo, la acción de rescate para Grecia debe estar lista. En esa fecha vence un préstamo por 8,5 mil millones de euros. De no honrarlo, se entra en quiebra. Ya no servirían de nada entonces los créditos del FMI, y los bancos europeos deberían tragarse una refinanciación.

Eso no sería ningún drama para los mercados financieros; para ellos, la tragedia griega no es más que un intermedio. Japón, por ejemplo, está en una situación mucho peor que eurolandia. Cuando en Europa no haya nada que pescar, los fondos hedge se lanzarán tarde o temprano sobre el río revuelto del yen. Y luego vienen el dólar y la libra esterlina, porque norteamericanos y británicos están aún más gravemente endeudados que Grecia: allí hay más que pescar. No son los griegos quienes tienen que apresurarse a poner orden en sus casas y a hacer planes de saneamiento, sino el G20, el FMI, el Banco Mundial y los gobiernos presentes en esas instituciones, incluida la maestra ciruela que es Alemania. La disyuntiva no ofrece duda: o imponer una regulación de los mercados financieros, a la que éstos y sus lobistas ofrecerán una resistencia encarnizada, o abdicar.

Michael R. Krätke, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es profesor de política económica y derecho fiscal en la Universidad de Ámsterdam, investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad y catedrático de economía política y director del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido

 

Hace falta valentía también en el Partido, en el asunto de las víctimas de la dictadura. La Transición ya pasó. Ahora vivimos en democracia. Los sables no hacen ruido, salvo los ecos que se escuchan desde la caverna. Es la hora de devolver la dignidad a los represaliados. Es la hora de saber si queremos de verdad una monarquía heredera del franquismo reformado, impuesta sobre una República con la que sí hubo ruptura. Motivos suficientes para reflexionar sobre el pasado, pero sobre todo, sobre el futuro. El siguiente es un artículo, publicado en Público el pasado 30 de abril:

El pasado 14 de abril, un grupo de juristas y asociaciones de derechos humanos presentó en Argentina una querella para que sus tribunales reabran la investigación de los crímenes franquistas hoy bloqueada en España. Este inesperado efecto colateral del caso Garzón ha devuelto al centro de la escena un tema que tanto el PSOE como el PP llevan tiempo intentando quitarse de encima: el de la jurisdicción universal.

Fraguado tras la trágica experiencia del nazismo, el principio de jurisdicción universal supone la existencia de crímenes que, por su gravedad, resultan imprescriptibles y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo, con independencia de quiénes sean sus autores y dónde los hayan cometido. La pretensión política y jurídica de estipular un “nunca más” frente a este tipo de actos inspiró la adopción de acuerdos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos de derechos de 1966, el Convenio contra el Genocidio o el Convenio contra la Tortura.

Ciertamente, estas normas se han aplicado de manera desigual a los derrotados y a quienes, a pesar de sus fechorías, resultaron victoriosos. Tras el juicio al nazismo, abominables crímenes de guerra como los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki o Dresde, o delitos terribles como las purgas estalinistas, fueron relegados a un ámbito de más o menos velada impunidad. Incluso los tribunales supraestatales creados más tarde para perseguir este tipo de actos, como el Tribunal Penal Internacional, han permanecido lastrados por lo que Danilo Zolo ha llamado la “justicia de los vencedores”. 

El origen de la jurisdicción universal, precisamente, está en la decisión de algunos tribunales estatales de sortear el doble rasero de esos foros internacionales y de tomarse en serio el derecho internacional vigente. Asumir la competencia para enjuiciar crímenes de lesa humanidad supone, de hecho, enviar al poder, sea de donde sea, una advertencia inequívoca: utilizar el propio aparato estatal para asesinar, torturar y luego asegurarse la propia impunidad, es una operación arriesgada. Siempre será posible que la jurisdicción universal se active y que los responsables, hasta entonces inmunes, se vean obligados a dar cuenta de sus acciones. 

Al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas, la Justicia española fue pionera en el impulso de este principio. Muchas de las causas abiertas –comenzando por la del dictador Pinochet– tuvieron una destacada incidencia internacional y contribuyeron a que otros países ajustaran cuentas con un pasado dictatorial que permanecía impune. En realidad, se aplicó sin controversia mientras no interfirió con el buen desarrollo de las relaciones diplomáticas y los negocios internacionales. Sin embargo, cuando se intentó colocar bajo la luz pública los vuelos de la CIA, las torturas en Guantánamo, la masacre de Gaza o los crímenes de China en el Tíbet, el Gobierno sintió comprometida la realpolitik. A resultas de ello, se mutiló su alcance mediante una reforma legislativa furtiva cuya primera víctima sería la activista Aminatou Haidar. 

Ahora, las acusaciones de prevaricación dirigidas contra Garzón han generado lo inesperado: la senda abierta por la jurisdicción española está siendo retomada por otros tribunales para impulsar, precisamente, la investigación de hechos que los pactos de la Transición habían pretendido arrumbar. 

El europarlamentario socialista Ramón Jáuregui, como otros miembros del Gobierno y la oposición, ha calificado la pretensión de inaceptable. Los españoles –ha argumentado– decidieron perdonar la represión franquista para construir una sociedad que se reconocía y toleraba, al margen del pasado de cada uno. 

La querella presentada en Argentina pone en cuestión esta versión institucional del perdón. Y lo hace colocando en el centro del debate el punto de vista de las víctimas, su derecho a la verdad. Con la querella, avalada por juristas, abogados y activistas de distintos rincones del mundo, es la periferia quien, en nombre de la humanidad, recuerda ahora a la metrópolis que hay crímenes deleznables que no pueden enterrarse en las fosas del olvido. 

La filosofía que inspira este tipo de actuaciones es similar a la que permitió a tribunales europeos ocuparse de las vejaciones cometidas por Videla, Pinochet y sus secuaces. Con arreglo a la misma, no hay ley de amnistía que haga decaer el deber de investigar delitos contrarios a un orden jurídico que se proyecta más allá del propio Estado. Este orden jurídico puede considerarse todo menos el producto de la “imaginación creativa” de un juez. Es, por el contrario, el resultado de una dilatada y ardua lucha colectiva, muchas veces anónima, que ha cobrado cuerpo en decenas de sentencias, declaraciones y tratados que los estados se han visto obligados a ratificar. Esta lucha, es verdad, se ha saldado a menudo con derrotas y con la crasa imposición de la impunidad de los vencedores. Una y otra vez, sin embargo, ha sido replanteada, como ahora, por caminos inesperados. Como irrenunciable ley de los vencidos, pero como exigencia, también, de un “nunca más” que se niega a reconocer fronteras.

Jaume Asens es abogado de la Asociación de Memoria Histórica de Catalunya (ARMHC) y de Mallorca (MDM). Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de laUniversidad de Barcelona

Alejandro Nadal.La Jornada de México. Obtenido de la revista “Sin Permiso”.

La economía mundial está sometida al sector financiero. Una prueba: las transacciones diarias en los mercados de divisas son 110 veces superiores al valor de los bienes y servicios intercambiados en el comercio mundial. Es decir, los mercados de divisas responden a la especulación y no al comercio. Esto es un indicador de las masas de capital líquido que ahoga a la economía mundial. Pero si la crisis global de 2008 marca la bancarrota de la globalización financiera, los gobiernos de los países ricos no parecen estar dispuestos a transformar la economía mundial en un espacio para el bienestar social. Mucha crisis y escándalo, pero el mundo sigue dominado por el sector financiero. En México, eso está claro con el paquete económico que el poder prepara contra el pueblo. Hace poco, Noam Chomsky recogió un análisis de Barry Eichengreen (historiador del sistema monetario internacional) sobre las relaciones entre mundo financiero y democracia. Eichengreen sostiene que los controles de capital que acompañaron el sistema de Bretton Woods fueron el mecanismo empleado por los gobiernos para poder mantener el tipo de cambio y dotarse, al mismo tiempo, de suficiente margen de maniobra para aplicar políticas de bienestar social. Los controles a los flujos de capital en la posguerra permitieron instrumentar políticas que, de otra forma, hubiera sido imposible poner en marcha. La política monetaria persiguió objetivos de crecimiento y pleno empleo, sin desestabilizar el tipo de cambio. En materia fiscal la inversión en bienestar social, con esquemas impositivos más progresivos, permitió reducir la desigualdad. Todo eso era posible porque los controles al capital le quitaban una restricción importante a la política macroeconómica. En un rápido comentario, casi de paso, Chomsky señala que el corolario de este análisis es que la desaparición de los controles a la movilidad del capital debe entenderse como un ataque a la democracia. Su intuición es correcta. El vínculo entre los controles a la movilidad del capital, la democracia y el bienestar social sería directo. Las restricciones impuestas al capital financiero al finalizar la Segunda Guerra Mundial llevaban la cicatriz de la crisis de 1929 y la volatilidad de los años de entre guerras. Como lo explica Polanyi, de esa mezcla explosiva había surgido el fascismo. Los controles al capital reflejaron el ascenso del sindicalismo y de movimientos sociales de gran envergadura que hicieron posible los sistemas redistributivos de los años 1950-1970. Por cierto, Eichengreen (admirador de la globalización financiera) concluye que Polanyi nunca imaginó que la fortaleza de los mercados acabaría destruyendo los controles de capital. Cuando se impuso la liberalización financiera, terminó cualquier semblanza de control democrático sobre la economía. Congresos y parlamentos se hicieron obsoletos. Los ministerios de hacienda y los bancos centrales se convierten en gigantescos establecimientos donde trabajan los empleados del capital financiero. En un modelo de economía abierta la irrestricta movilidad del capital es un impedimento para la aplicación de políticas de bienestar social porque éstas son vistas como desestabilizadoras del tipo de cambio. Cualquier medida de política monetaria que reduzca las recompensas del capital financiero será castigada de inmediato. En ningún lado es más claro este dominio del capital sobre la política macroeconómica que en las finanzas públicas. En los países que abrazaron la globalización neoliberal, la política fiscal estuvo dominada por un objetivo básico: generar un superávit en el balance primario. Eso condujo durante décadas a una restricción criminal del gasto programable para desviar recursos hacia la esfera financiera. Hace 2 mil años, Aristóteles describió un proceso de circulación monetaria que era la peor amenaza para el orden social. En la Política explicó que la moneda era un objeto ético-político. La medida de todas las cosas es la necesidad, pero no la necesidad de apropiarnos de ellas, sino la necesidad que tenemos los unos de los otros. Sin embargo, como esa medida no puede estar presente en las transacciones de todos los días, la moneda ofrece una medida operativa a los ciudadanos para realizar la justicia en las pruebas de la vida cotidiana. Pero Aristóteles advirtió que hay una forma de circulación monetaria que amenaza el orden social y terminaría por destruirlo. En esa circulación, el vínculo entre la moneda y la necesidad (como medida de todas las cosas) se rompe. Ese circuito monetario es el del préstamo con intereses. Aristóteles había lanzado la primera denuncia contra lo que sería el capital financiero. Debemos retomar su advertencia. Un largo proceso histórico ha torcido las relaciones entre el espacio financiero y el de la democracia. Pero en la coyuntura actual estas dos dimensiones de la vida social vuelven a tocarse. Y deberíamos aprovechar el momento. No es fácil que el poder legislativo recupere el control que alguna vez tuvo sobre la oferta monetaria, las operaciones financieras y las finanzas públicas. Pero es urgente que lo haga, de lo contrario se viene una hecatombe que hará parecer a la crisis actual como un día de campo.

Alejandro Nadal es economista. Profesor investigador del Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, y colabora regularmente con el cotidiano mexicano de izquierda La Jornada.

Perdido el fútbol a manos de Mediapro (dueña de La Sexta y de Público), esta empresa solo necesitaba una fórmula de pago que complementara la oferta de fútbol gratis a través de La Sexta. La decisión de aprobar por vía de urgencia, sin tiempo para que el potente lobby de PRISA entre los políticos españoles, muchos de ellos socialistas, hiciera su “trabajo” condujo al grupo mediático a una cuesta abajo, de la que acusaba al gobierno en su gestión de la crisis, pero que protagonizaban ellos. Se ha notado mucho y el diario lo notará en las ventas.

La reacción de Zapatero ha sido un poderoso discurso izquierdista que la corriente Izquierda Socialista deberá vigilar de cerca. Denuncia de la hipocresía de los poderosos (sic), que debería llevar aparejada una clara intervención del Estado sobre la fiscalidad de las grandes fortunas, sobre todo a través del pírrico 1% que abonan las SICAV, herramientas paridas para la evasión fiscal; una subida del tramo alto del IRPF que nunca debió adelgazarse, y la persecución real de la evasión y los paraísos fiscales, aliados con una, aparentemente interesada Francia.

Ya está bien de que la verdadera riqueza de un pueblo, la fuerza del trabajo de sus mujeres y hombres, transformada en riqueza por los empresarios y las corporaciones, sea conveniente blanqueada y hurtada a la contribución conjunta a la recuperación y el crecimiento de España.

Que no todo se quede en discursos. Ante la burda campaña de PRISA frente al presidente del gobierno y Secretario General del PSOE, Izquierda Socialista ha optado por un apoyo crítico. La crisis solo tiene una salida, y esta está al fondo a la izquierda.

Junto al qué, la jornada pretende definir políticas para el cómo. El domingo se estrena con un tercer panel, denominado “Políticas para una nueva economía”, con la intervención de Vicent Garcés (ex-diputado europeo, profesor de la Universidad Pública de Valencia), Montserrat Colldeforns (Economista, Diputada en el Congreso), Carlos Martínez (Presidente ATTAC-España) y Juan A. Barrio (Diputado en el Congreso).

Izquierda Socialista pretende mostrar alternativas para frontar una crisis que, hasta el momento se ha asumido de forma acrítica, asumiendo que las cosas son así y que el sistema tiene estos peajes. Sin embargo, como siempre desde la corriente socialista, es posible de otra manera. Las respuestas están ahí. Dejemos que se expresen y luchemos porque sean tenidas en cuenta. El capitalismo no lo es todo.

Si quieres, puedes acceder al programa completo de las Jornadas en pdf.

José Antonio Pérez Tapias, Diputado al Congreso por Granada y uno de los portavoces federales de Izquierda Socialista

 
MADRID, 15 Septiembre 2009. (EUROPA PRESS) -
 
   Izquierda Socialista pedirá el próximo sábado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ya que va a discutir su anunciada subida de impuestos con todos los grupos parlamentarios, que abra también un debate interno en el seno del PSOE sobre una reforma fiscal “progresiva”, según informó a Europa Press el portavoz de esta corriente, Juan Antonio Barrio de Penagos.
 
   Los miembros de esta corriente minoritaria aprovecharán el Comité Federal, que presidirá Zapatero, para pedir además un “discurso claro” sobre los objetivos de la misión militar en Afganistán, asumir que el deterioro de la situación ha rebajado sus objetivos iniciales y que a lo más que se puede aspirar a es a lograr un Gobierno medianamente estable. “Los ciudadanos tienen que tener claro para qué estamos allí”, dijo a Europa Press el diputado José Antonio Pérez Tapias.
 
   Barrio de Penagos pedirá ante el Comité un debate interno y en profundidad sobre una reforma fiscal que tenga un enfoque menos “instrumental”, es decir, que no esté destinada sólo a cubrir los gastos, que es precisamente lo que argumenta el Ejecutivo para defender la subida.
 
   Además, propondrá que se discuta la fiscalidad de las plusvalías del capital y figuras como la fiscalidad verde –que grava la contaminación–, la tributación de las SICAV y los impuestos para las grandes fortunas, sobre todo después de que el Gobierno alegara que éstas no se veían afectadas por el Impuesto de Patrimonio y por eso se suprimía.
 
   Para Izquierda Socialista, este debate es necesario al margen de que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se suban el IVA o los impuestos especiales que, admitió, es una manera relativamente sencilla de recaudar los fondos necesarios ya en 2010, sin esperar a crear nuevas figuras impositivas que no reportarían ingresos a las arcas públicas hasta la declaración de la renta de 2011.
 
“UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA ES DE IZQUIERDAS”
 
   Según Pérez Tapias, está claro que hay que “afrontar la urgencia”  pero hay que tomar una decisión clara y explicarla a los ciudadanos “con razones consistentes” para evitar la sensación de “desconcierto”. Pero además, defendió que el PSOE tiene que discutir una reforma a largo plazo, porque es necesaria para el Estado del bienestar y defender a las claras que “una política fiscal justa es de izquierdas”. 
 
   Otros miembros de esta corriente minoritaria, que se pronunció en contra de suprimir el Impuesto de Patrimonio, creen que hay que tener cuidado con los impuestos indirectos y estudiar a fondo su impacto, para que al final las clases medias no sean las más afectadas.
 
   Además, creen que debería subirse el tramo más alto del IRPF y, en todo caso, evitar ‘globos sonda’ y trabajar bien la decisión antes de actuar para no tener que rectificar y no crear en el ciudadano la impresión de que se dan palos de ciego
 
   En segundo lugar, Izquierda Socialista pedirá al Gobierno y al PSOE un discurso claro sobre la misión española en Afganistán que pase por asumir que las tropas tendrán que dejar el país conformándose con objetivos “de mínimos”, principalmente lograr que se asiente un Gobierno estable, y que ya no es posible aspirar a hacer de Afganistán una democracia perfecta ni que la tarea principal de las tropas sea la reconstrucción del país.
 
DÉFICIT DE COMUNICACIÓN
 
   “Si ya tenemos un déficit de comunicación que no acabamos de resolver, tenemos que ser especialmente cuidadosos con la situación de Afganistán”, avisó Pérez Tapias, argumentando que si no se explican bien los objetivos de la presencia española se corre el riesgo de que la opinión popular se vuelva en contra si aumentan las refriegas y los enfrentamientos en que se ven inmersos los militares.
 
   A su juicio, el Gobierno tiene que “articular un discurso creíble” y dejar claro que la misión tiene también un papel en la “seguridad colectiva” porque ésta que ya no se garantiza exclusivamente en las fronteras. El diputado por Granada subrayó que aunque las tropas españolas están “en misión de paz” lo cierto es que el escenario tiene “componentes de situación bélica sobrevenida”.
 
   Izquierda Socialista respalda el horizonte de salida en cinco años planteado por la ministra de Defensa, Carme Chacón –que estará en el Comité Federal en su condición de miembro de la Ejecutiva del PSOE– pero advertirá de que, a la vista del constante deterioro de la situación, las tropas españolas tendrán que irse sin haber culminado la reconstrucción y la democratización del país, como se pretendía en 2001 cuando empezó la misión.
 
   En la misma línea, los diputados pedirán al Gobierno que participe activamente en la nueva estrategia de la OTAN para este país, sin hacer “seguidismo” de lo que pidan el presidente estadounidense Barack Obama o la canciller alemana Angela Merkel, y asegurando que la retirada se hará de forma coordinada.
 
   Por último, Barrio de Penagos quiere aprovechar su intervención ante el Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre Congresos, para romper una lanza en favor del PSC y destacar que este partido ha sido clave para la cohesión social de Cataluña en los últimos 30 años, frente a las críticas que han recibido los socialistas catalanes por su defensa del Estatut.